Los subsidios de hasta $ 50 mil para personas con problemas habitacionales que el Gobierno lanzó este martes y generaron quejas en la oposición alcanzarán a entre mil y 5 mil personas hasta fin de año, pero aún no está claro de qué forma se puede acceder a ellos.
El beneficio fue dado a conocer ayer con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 938/20, que dispone la creación del “Programa de Asistencia Crítica y Habitacional”, consistente en el pago de un subsidio de hasta $ 50 mil durante 3 meses, prorrogables por un lapso similar. De este modo, una familia podría llegar a cobrar hasta $ 300 mil durante 6 meses.
La medida despertó fuertes críticas de la oposición, que aseguró que se trataba de un “beneficio para usurpadores” y lo relacionó con las tomas de tierra como la que transcurre en Guernica. Sin embargo, en la norma solo se menciona que se busca asistir a “población vulnerable” para que puedan acceder a vivienda y alimentos.
Pese a lo extendido de la polémica, el subsidio alcanzaría, en principio, a entre mil y 5 mil familias: es que el decreto establece una partida presupuestaria de $ 54 millones para los tres primeros meses. Es decir que si el Gobierno decidiera otorgar el máximo monto a cada solicitante, le alcanzaría para cubrir a 1.080 familias. Fuentes oficiales indicaron que el monto máximo se otorgará para casos de “extrema necesidad” y aseguraron que subsidios similares en la actualidad alcanzan los $ 20 mil, lo que implicaría llegar a un total de 5 mil beneficiarios.
Por lo demás, el decreto deja la reglamentación del programa en manos de los ministerios de Desarrollo de la Comunidad y Hacienda, por lo que en la norma publicada ayer aún no está claro cómo será el mecanismo para acceder al beneficio.
Si bien se dispone que el subsidio es destinado a “aquellas personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad social dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires”, no se precisa cuáles serán los requisitos de inscripción ni qué aspectos se evaluarán para otorgar el beneficio. Solo se precisa que será la Subsecretaría de Políticas Sociales quien -a partir de un informe social- fijará la escala de montos a otorgar “de acuerdo con la composición de los grupos familiares y al índice de vulnerabilidad que establezca”.
Desde el Gobierno precisaron que para definir los beneficiarios y el monto se realizará un control socioambiental, a cargo de agentes de Desarrollo de la Comunidad, que evaluarán las condiciones en las que viven los solicitantes, si poseen trabajo, deudas y qué necesidades tienen insatisfechas .
El decreto señala que el subsidio deberá ser destinado únicamente a gastos de alojamiento, materiales de construcción y otros que tengan como propósito resolver el problema habitacional” y “alimentos, elementos de higiene personal, elementos de prevención, entre otros elementos de primera necesidad”.
