La sede de la Auditoría General de Asuntos Internos de la policía bonaerense, situada en la ciudad de La Plata, fue allanada hoy en el marco de una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público radicada contra el auditor Guillermo Berra por un ex comisario de esa fuerza, informaron fuentes judiciales.
El allanamiento se realizó en el edificio que funciona en la avenida 51, entre 10 y 11, del centro platense, a partir de una investigación iniciada por la fiscal Cecilia Corfield titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 y por orden del juez de Garantías Guillermo Atencio.
La denuncia que motivó el procedimiento fue radicada por Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía bonaerense, quien acusó a Berra de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario”.
Una fuente judicial detalló a Télam que en el operativo se secuestró documentación para ser adjuntada a la causa para que luego la fiscal evalúe los pasos a seguir en la investigación.
Martín dejó su cargo en 2016, luego de ser denunciado por la Auditoría de Asuntos Internos por irregularidades en su declaración jurada, en la que constaba que poseía siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, lo que no podría haber adquirido con su sueldo mensual de 48.000 pesos.
En su denuncia, Martin acusó a Berra de “poner en marcha un plan sistemático de persecución y hostigamiento respecto de diversos funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del gobierno anterior”.
Según la fuente judicial consultada, el ex comisario sostuvo también que “esas maniobras fueron acompañadas de la divulgación a través de medios de comunicación masiva de información falsa, en la que a partir de la investigación administrativa se lo sindicó” como el “comisario más rico de la Bonaerense”.
Además consignó que la Auditoría de Asuntos Internos “continuó investigándolo pese a que no reviste calidad de funcionario policial a partir del 1 de noviembre de 2016 cuando se le aceptó la baja”.
A su vez, denunció que la investigación “se extendió a tareas de inteligencia encubiertas respecto de sus familiares que no revisten ni han revestido jamás estado policial”.
