Investigadores de una universidad bonaerense plantearon reparos frente a una eventual prohibición absoluta de los teléfonos celulares en las cárceles y señalaron que la medida podría tener consecuencias tanto en la seguridad interna como en el acceso a la educación de las personas privadas de la libertad.
El planteo aparece en medio del debate sobre el uso de dispositivos móviles dentro de las unidades penitenciarias. Mientras distintos sectores reclaman mayores controles para evitar estafas y la organización de delitos desde las cárceles, los especialistas sostienen que eliminar por completo la conectividad también podría perjudicar programas educativos y de capacitación.
Según el análisis académico, los celulares autorizados bajo protocolos permitieron mantener el contacto con familiares y sostener actividades educativas, especialmente durante la pandemia. Además, los investigadores remarcan que el acceso regulado a herramientas digitales puede contribuir a disminuir situaciones de violencia y favorecer los procesos de reinserción social.
Ante este escenario, una de las alternativas propuestas consiste en avanzar con un sistema de dispositivos institucionales y navegación restringida. De esta manera, los teléfonos podrían utilizarse para actividades educativas, comunicación familiar y determinados trámites, mientras se mantienen controles para impedir su utilización con fines delictivos.
La discusión involucra al Ministerio de Justicia bonaerense, el Servicio Penitenciario Bonaerense, jueces de ejecución penal y distintos sectores vinculados a la educación y los derechos de las personas privadas de la libertad.
En la provincia, el uso regulado de celulares dentro de los penales comenzó a implementarse durante la emergencia sanitaria de 2020, con el objetivo de garantizar la continuidad educativa y el contacto familiar. Desde el ámbito académico sostienen que cualquier modificación debería contemplar estas funciones y diferenciar entre el uso permitido de la tecnología y las actividades delictivas.
