Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en todo el país la nueva Ley Penal Juvenil. La reforma baja de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal y establece un sistema especial para los adolescentes acusados de cometer delitos.
La Ley 27.801 reemplaza el régimen que regía desde 1980. El Congreso la sancionó el 27 de febrero, se publicó el 9 de marzo y fijó un plazo de 180 días para su entrada en vigencia. La edad del adolescente se tomará al momento del hecho investigado. Ver texto oficial en el Boletín Oficial.
La principal modificación alcanza a los jóvenes de 14 y 15 años, que hasta ahora no podían recibir una condena penal. A partir de la nueva normativa, podrán ser investigados, juzgados y sancionados. Los menores de 14 años continuarán fuera del régimen penal, aunque la Justicia podrá investigar el hecho para determinar sus circunstancias y la posible participación de otras personas.
La reforma no significa que todos los adolescentes acusados irán automáticamente a prisión. La ley contempla distintas respuestas según la gravedad del delito, la edad, el daño causado y los antecedentes.
Entre las medidas aparecen la amonestación judicial, la prohibición de acercarse a la víctima, las restricciones para salir del país o concurrir a determinados lugares, las tareas comunitarias, el monitoreo electrónico y la reparación del daño. También podrán ordenarse programas educativos, capacitación laboral, asistencia psicológica, tratamientos por consumos problemáticos y actividades deportivas o culturales.
En los delitos con penas de hasta tres años, la prisión deberá reemplazarse por alguna de estas alternativas cuando se cumplan los requisitos legales. También se incorporan la mediación penal juvenil, la suspensión del proceso a prueba y otros mecanismos para resolver casos de menor gravedad.
Para los hechos más graves, la norma permite la privación de la libertad en un domicilio, un instituto abierto o un centro especializado. Prohíbe la prisión perpetua y establece un máximo de 15 años de encierro. Los adolescentes no podrán compartir alojamiento con presos adultos y deberán recibir educación, atención médica y acompañamiento profesional.
Los procesos serán reservados y estará prohibido publicar nombres, fotografías, domicilios o cualquier información que permita identificar al adolescente acusado. Las víctimas, por su parte, tendrán derecho a participar, recibir asistencia especializada y solicitar patrocinio jurídico gratuito.
La aplicación concreta representa un desafío para las provincias, que deberán adecuar sus procedimientos, preparar centros especializados y capacitar a jueces, fiscales, defensores y equipos interdisciplinarios. Durante las últimas semanas, el Ministerio de Justicia realizó capacitaciones para operadores judiciales de todo el país. Información oficial del Ministerio de Justicia.
La reforma termina con una legislación de más de cuatro décadas y crea un sistema específico para los adolescentes. Sin embargo, el debate continúa: UNICEF advirtió que la discusión no debería concentrarse únicamente en bajar la edad, sino también en fortalecer la prevención, la educación, las medidas alternativas y los equipos especializados.
