El puntero político podría ser acusado por estafa con una pena máxima de 6 años , asociación ilícita con 10 años de pena o malversación de causales públicos cuya pena asciende a 15 años.
La fiscal de la causa podría usar la llamada ley del arrepentido de Buenos Aires para morigerar la pena si Rigau señala a sus jefes políticos o socios del delito cometido. Su teléfono será peritado el viernes