La decisión del Gobierno de anular los exámenes de residencia médica presentados por más de 13.000 profesionales encendió una fuerte polémica en el ámbito de la salud. Según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, todos aquellos que obtuvieron más de 86 puntos deberán volver a rendir el examen, tras detectar supuestos “resultados sospechosos”.
Médicos con puntajes de excelencia, bajo sospecha: “Nos castigan por estudiar y sacar buena nota”
Entre los afectados está Mayra Iglesias, médica recibida con honores en la UBA, con promedio de 8,74, docente y con un puntaje de 91 sobre 100 en el examen. “Tengo una trayectoria que valida el puntaje”, afirma con angustia. Ahora deberá rendir de nuevo, sin certezas y sin saber en qué se basó el Gobierno para cuestionar los resultados.
“Fue un día recontra angustiante. Nos sacamos puntajes altos y nos acusan de tramposos sin ninguna prueba”, denuncia Iglesias. Y remarca: “No entendemos por qué 86 sería fraude y 85 no. Es un número arbitrario, sin ningún fundamento técnico”.
El argumento oficial: “desempeño inusual”
Desde Casa Rosada, el vocero Adorni justificó la anulación diciendo que se detectaron “notas sospechosas mayores a 90 puntos”. Y apuntó directamente contra los profesionales con títulos del exterior, argumentando que un egresado con diploma de honor de la UBA “saca entre 80 y 90 puntos”, pero esta vez hubo “un patrón anómalo”.
El mensaje, con claros tintes xenófobos, fue repudiado por médicos y organizaciones de residentes, que denuncian una campaña de deslegitimación del sistema de residencias y discriminación contra profesionales formados en el extranjero.
Residentes denuncian vaciamiento y persecución: “Nos quieren convertir en becarios y sacarnos derechos”
Desde los hospitales públicos también estalló el malestar. Franco Capone, residente del Hospital Penna, aseguró que esta decisión forma parte del vaciamiento del sistema: “Rindió un examen que implicaba un contrato y al día siguiente lo cambiaron”. Y añadió: “Esto es como Los Juegos del Hambre. Hay muy pocos cupos porque no se quiere invertir”.
Capone pidió una comisión investigadora independiente, y no del Gobierno, para revisar el examen. “Lo que está pasando es una campaña xenófoba impresionante”, remató.
También Mariana Rueda, psicóloga residente del Prin Lanús e integrante de la Comisión Provincial de Residentes, rechazó la medida: “Es un ataque del Gobierno para deslegitimar a los residentes y desalentar el ingreso”.
“Somos quienes garantizamos el funcionamiento de la salud pública. Y ahora nos acusan sin fundamentos. Hay gente que se preparó durante meses, con años de estudio y experiencia. Es muy triste y doloroso que se nos trate así”, expresó Iglesias.
