La fiscal Verónica Zamboni, a cargo de la investigación del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell el pasado 18 de enero, consideró que ocho de los rugbiers detenidos tenían “plena conciencia” de que habían cometido un asesinato y que existió entre ellos un “pacto de silencio” que “se mantiene incluso hasta la actualidad”, al pedir hoy que la Justicia les dicte la prisión preventiva.
En el dictamen de 251 páginas, presentado ante la Justicia de Garantías, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Villa Gesell, consideró a los rugbiers Máximo Thomsen y Ciro Pertossi “coautores” de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas” de Báez Sosa. También acusó a Luciano y Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, de haber sido “participes necesarios” de ese asesinato.
En tanto, Zamboni pidió el cese de detención de Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino por insuficiencia de pruebas y el “beneficio de la duda”, por lo que ambos quedaron esta tarde en libertad, aunque vinculados al proceso. El requerimiento fiscal, fue realizado ante el juez de Garantías de Dolores, David Mancinelli, quien deberá resolverlo en un lapso de cinco días.
En su pedido de prisión preventiva, la fiscal consideró que de acuerdo a la prueba reunida en la instrucción todos los acusados “tenían plena conciencia y conocimiento de que habían causado la muerte de Fernando”.
No obstante, señaló que “pese” a ello, “todos ellos huyeron del lugar, y se escondieron” y agregó: “No solo despreciaron la vida de Fernando, al agredirlo, pegándolo (SIC) vivo e inconsciente, sino que también huyeron para lograr la impunidad del hecho, sin siquiera intentar auxiliarlo en el momento que cayó al suelo”.
Asimismo, la fiscal añadió que varios de ellos buscaron “una coartada para desvincularse del hecho”, al ir a comer hamburguesas a un McDonald´s, luego de haberse cambiado de ropa. La fiscal destacó además que en un mensaje de WhatsApp cerca de las 6 de la mañana, Ciro Pertossi expresó: “Chicos no se cuenta nada de esto a nadie”.
La fiscal interpretó eso como “un pacto de silencio” que los imputados mantienen hasta la actualidad.
Sobre la continuidad de la causa, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, dijo en una conferencia de prensa que “hay mucha prueba incorporada y mucha prueba para producirse” y entre ella mencionó que restan conocerse “los análisis de cotejos de ADN y pericias como la scopométrica y químicas”
En ese sentido, estimó que quedan entre “dos o tres meses” de instrucción, pero anunció que desde la fiscalía harán el intento de que el juicio “se haga en el curso de este año”. (DIB)
