La medida de fuerza se llevará a cabo entre las 11 y las 14 horas, en el marco de la jornada nacional de protesta resuelta por la Federación Judicial Argentina para ese mismo día.
La AJB exige a la Suprema Corte y la Procuración General que se garanticen medidas de protección efectivas de prevención contra el COVID-19, en particular restringiendo al máximo la circulación de personas en las dependencias ubicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde día a día se multiplica la aparición de casos positivos de Covid. Este reclamo se produce en el marco de un crecimiento exponencial de contagios en la Provincia, que amenaza con colapsar la capacidad del sistema de salud.
También se reclaman medidas contra los incumplimientos de las guardias mínimas establecidas en la Resolución 386/20 y la aplicación efectiva del Protocolo de Prevención General en todas las dependencias judiciales. Entre los requisitos esenciales para el funcionamiento de las dependencias, se exige la limpieza diaria por personal especializado, la provisión de equipamiento de protección personal, la instalación de barreras adecuadas en todos los puestos de atención al público y el control de temperatura en los accesos a los edificios.
Por su parte, la AJB reclama al Ejecutivo provincial la continuidad de la paritaria salarial que debía abrirse a principios del mes de mayo. La demora en el cumplimiento de reapertura de la paritaria ha producido el deterioro de los salarios en lo que va de 2020, ya que la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año superó ampliamente el porcentaje de recuperación salarial acordado en el mes de marzo.
Al respecto, Pablo Abramovich, secretario General del gremio judicial manifestó que “si bien reconocemos la complejidad de la situación económica por la baja de la recaudación fiscal y la necesidad de asistir a los sectores más vulnerables de la sociedad, es posible y necesario evitar que las consecuencias de la crisis se descarguen sobre las y los trabajadores estatales implementando políticas fiscales que impacten sobre los sectores más concentrados de la economía”.
Finalmente, la AJB incorpora a los reclamos de la medida de fuerza la exigencia de reformas en las leyes orgánicas de las instituciones de la seguridad social provincial, para que en cumplimiento del mandato de la Constitución Nacional el IOMA y el IPS pasen a ser administrados por las y los trabajadores estatales.
En esa dirección, se reclama que la situación de déficit coyuntural del IPS se resuelva revirtiendo las políticas de precarización del empleo público implementadas durante la anterior gestión, y sin afectar los derechos previsionales de las y los estatales provinciales. Por su parte, se manifiesta el apoyo a la decisión de las autoridades del IOMA de auditar las prácticas médicas para evitar los habituales fraudes a la obra social. Por su parte, se exige la revisión en diálogo con los gremios estatales del salvataje a las clínicas y sanatorios privados financiado con fondos del IOMA.
Las y los judiciales reclaman en todo el país
La medida de fuerza dispuesta por la AJB se realiza en el marco de la Jornada Nacional de Protesta decretada por la Federación Judicial Argentina para ese mismo día, en el que las y los trabajadores judiciales de veintitrés provincias realizarán medidas de acción gremial para hacer visibles sus reclamos:
1) Reapertura de paritarias salariales en todos los distritos del país; 2) Cumplimiento de los acuerdos salariales que no están siendo ejecutados; 3) Normalización inmediata del pago de salarios en Chubut; 4) Pago del aguinaldo en una única vez; 5) Constitución de los Comités de Crisis con participación de los sindicatos judiciales para implementar medidas que garanticen la salud y la vida de quienes concurren a tribunales; 6) Vigencia plena de la feria invernal; 7) Regulación paritaria inmediata del trabajo a distancia (teletrabajo), circunscripto al período de la emergencia sanitaria y sobre la base del principio de voluntariedad; 8) Cese inmediato de la persecución a dirigentes judiciales en Río Negro por parte del STJ; 9) La derogación del intento del STJ de Chubut de privatización encubierta de la oficina de mandamientos y notificaciones; 10) Rechazo de las reformas de los regímenes previsionales provinciales intentando asimilarlos al sistema de ANSES en perjuicio de los derechos de las y los trabajadores; 11) No utilización de los fondos de las obras sociales provinciales para “rescatar” a las empresas privadas de la salud; 12) Suspensión de todo pago de la deuda externa y auditoría sobre su origen, priorizando los derechos del pueblo sobre la voracidad de la usura internacional; 13) Reforma tributaria progresiva donde paguen las y los que más tienen, gravar a las grandes fortunas y al sector financiero; 14) Apoyo a la intervención y eventual expropiación de la firma Vicentín.
