El fiscal en lo penal económico, Claudio Navas Rial, imputó este viernes al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad en la causa que investiga el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se desarrollaba el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales.
En un dictamen entregado al juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, Navas Rial dictaminó a favor de abrir la investigación en base a la denuncia presentada por funcionarios del Gobierno nacional.
Navas Rial imputó por el posible delito de “contrabando agravado” y pidió medidas de prueba que eran analizadas por el juez a cargo del caso.
Además de Macri, Bullrich y Aguad quedaron imputados y bajo investigación el entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, y tres exmiembros de Gendarmería Nacional con cargos jerárquicos al momento de los hechos.
La fiscalía impulsó la pesquisa en lo vinculado a posibles infracciones al Código Aduanero, que es materia de investigación del fuero penal económico.
En cuanto a Macri, quedó imputado en el rol que como presidente le correspondía como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por lo cual “no podía desconocer el presunto hecho”, precisaron las fuentes.
Bullrich fue acusada como supuesta autora de la orden para mandar el material represivo y Aguad como responsable del envío del avión militar.
La denuncia alude al envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
En la presentación se mencionaron como posibles delitos “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la calidad de funcionarios públicos, la participación de un funcionario aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”.
La denuncia llevó la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.
En el texto se hace referencia además al “envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.
El objetivo habría sido “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el Gobierno constitucional de Evo Morales”, agregaron.
El material puesto a disposición del gobierno de facto boliviano habría consistido en, por lo menos 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK-9; 5 gases lacrimógenos en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.
