n policía, un escribano y otros ocho sospechosos, entre abogados y funcionarios, fueron detenidos este viernes como acusados de integrar una banda dedicada a usurpar viviendas para luego comercializarlas con escrituras apócrifas, en el partido bonaerense de La Plata, informaron fuentes de la pesquisa.
Los allanamientos, unos 20, se llevaron a cabo esta madrugada tras más de dos meses de investigación y estuvieron a cargo de personal de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).
De acuerdo con los voceros, los pesquisas lograron conectar distintos casos de usurpaciones que se estaban repitiendo en La Plata.
Según los investigadores, la organización usurpaba las propiedades y pasaba la información a un notario, quien luego se encargaba de confeccionar la documentación adulterada.
Posteriormente, las fincas eran publicadas a través de distintas plataformas y vendidas en forma fraudulenta.
Con las pruebas recolectadas, la fiscal platense Bettina Lacki solicitó los allanamientos a la titular del Juzgado de Garantías 5 de La Plata, Marcela Inés Garmendia, quien accedió al pedido y ordenó los procedimientos.
Uno de los operativos se llevó a cabo en una escribanía, donde se detuvo al titular de la misma, Julián Castrillo, y de acuerdo a las fuentes, el veedor designado por el Colegio Público de Escribanos había alertado a los imputados sobre la medida que iba a realizarse.
Sin embargo, los oficiales destacados en el lugar evitaron cualquier fuga de información, ya que se encontraban apostados en la puerta de la escribanía desde tempranas horas.
En tanto, otro de los detenidos fue el policía Carlos Abel Ibarrolas, de la División Custodias de la fuerza bonaerense, quien se desempeñaba en una Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) del Departamento Judicial de La Plata.
Para los pesquisas, el policía aparentemente suministraba información sobre las causas en trámite, aunque esta maniobra aún es objeto de investigación.
Finalmente, en total fueron diez los detenidos, entre ellos abogados y funcionarios, y se secuestró gran cantidad de dispositivos de almacenamiento, documentación y armas de fuego.
Todos los arrestados fueron trasladados a la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones de la PFA, donde permanecerán alojados a la espera de ser indagados por la fiscal de la causa
