El gobierno Nacional lanzó un régimen de regularización de deudas mutuas con las provincias, que resonará en Buenos Aires, donde el gobierno de Axel Kicillof le reclama –incluso con presentaciones judiciales- a la administración de Javier Milei impagos por más de 6 billones (millones de millones) de pesos, según la última estimación validada.
El encargado de dar a conocer la novedad fue el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, quien en una conferencia de prensa adelantó que la idea del llamado Régimen de Cancelación de Obligaciones Recíprocas “es hacer un borrón y cuenta nueva en las compensaciones entre las provincias y la Nación”.
l funcionario agregó que “desde hace muchas décadas las cuentas fiscales y un centralismo creciente han llevado a que las relaciones financieras y económicas entre la Nación y las provincias no sean simétricas”.
El trabajo de conciliación de la deuda se llevará a cabo entre el Ministerio de Economía y sus pares provinciales, explicó Catalán. El plazo para acogerse al régimen son 30 días y 60 días para presentar la documentación que legitime la deuda. El trámite no es obligatorio.
Consultado sobre la deuda de la Nación con las provincias, Catalán detalló: “Hay estudios e inventarios por parte de la Nación y me imagino que las provincias tendrán sus propios cálculos”. Además, dijo que las herramientas para compensar podrían ser tierras del AABE, rutas nacionales y entre otras.
Según el Gobierno, los distritos tendrán la posibilidad de incluir compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento, remisiones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas, con créditos que tengan cada una de las jurisdicciones con el Estado nacional.
El decreto saldrá publicado este viernes y fue elaborada por Economía.
La medida se da en un marco de fuerte tensión del gobierno de Milei con el de Kicillof, que viene reclamando por impagos y recortes. La provincia recurrió varias veces a la Justicia para exigir la cancelación de esas acreencias, que Nación desconoce. La última estimación del gobierno bonaerense hablaba de 6 millones (millones de millones) de pesos.
