La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) celebró que la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense haya dispuesto que los fiscales y defensores revalúen las medidas de coerción cuando impliquen trato cruel, inhumano o degradante y haya ordenado que controlen los tiempos de la prisión preventiva de detenidos para que se resuelva oportunamente la situación de esas personas.
En un artículo publicado en Andar, la agencia de noticias de la CPM, se explicó que desde ese organismo se venía reclamando esa decisión “en el marco de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación de comisarías”.
“La resolución 567/13 exigía a los fiscales que antes de conceder las libertades en aquellos casos en que no requerirían la prisión preventiva, debían constatar algunos extremos tales como el domicilio, la identidad, la edad y la existencia de antecedentes”, describieron desde la CPM.
Sostuvieron además que ese requerimiento “derivó en una práctica fiscal en la que personas aprehendidas por la policía por delitos menores permanecieran detenidas por períodos más prolongados”.
“El impacto más fuerte de esta resolución se produjo en las dependencias policiales. Ya en 2014 detectamos que el 70% de los detenidos en las dependencias policiales, lo estaban por delitos con penas en expectativa baja o por figuras como la averiguación de identidad”, apuntaron.
Analizaron que “en los últimos años, aumentó exponencialmente la cantidad de personas detenidas en Buenos Aires” y añadieron que “el resultado de estas políticas regresivas fue la actual crisis de sobrepoblación y hacinamiento que existen en los lugares de encierro”.
Vaticinaron que la decisión del procurador bonaerense Julio Conte Grand y su cumplimiento por parte de los fiscales “podrá tener un impacto inmediato para las personas privadas de libertad en comisarías y que se encuentran imputados por delitos leves”.
Para la Comisión por la Memoria, el Ministerio Público Fiscal “fue un actor fundamental en la producción de la grave crisis humanitaria que se vive en los lugares de detención”.
Por último, el organismo consideró que la resolución firmada por el procurador “se inscribe en el reconocimiento de la grave crisis humanitaria en cárceles y comisarías, y que obliga a los poderes del Estado provincial a tomar medidas urgentes para revertir las políticas que llevaron a estos niveles de sobrepoblación y hacinamiento”.
