La gestión provincial de Buenos Aires solicitará una medida judicial de emergencia tras vencerse los plazos legales para que la Casa Rosada presente un plan de pago por las millonarias deudas con el IPS.
La pulseada por los fondos públicos entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el Ejecutivo nacional sumó un nuevo capítulo de máxima tensión. Ante la falta de una propuesta formal de la Nación para saldar las deudas históricas con la caja de jubilaciones bonaerense, la administración provincial decidió avanzar por la vía judicial y solicitará una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia.
El conflicto escaló luego de que finalizara el periodo de 60 días corridos otorgado por la Procuración General de la Nación para que ambas jurisdicciones acercaran posiciones y acordaran un plan de regularización de deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS).
Los números del reclamo: cifras millonarias en juego
Desde los ministerios de Economía y de Gobierno de Buenos Aires precisaron el volumen del reclamo que fundamenta la presentación judicial:
- Deuda consolidada: El pasivo histórico acumulado que reclama la provincia asciende a 735 millones de dólares.
- La cuenta del 2026: Si se suman los giros previstos para el ejercicio corriente, que la Casa Rosada mantiene pisados, el total escalaría hasta rozar los 1.000 millones de dólares.
“Por instrucción del Gobernador, el equipo jurídico provincial presentará en los próximos días la cautelar para frenar este ahogo financiero”, confirmaron fuentes del gabinete bonaerense, argumentando que el retraso en el envío de recursos coparticipables y específicos asfixia las cuentas destinadas a los sectores pasivos de la provincia.
Críticas a la inacción del Ministerio de Capital Humano
La frustración en los pasillos de la gobernación de La Plata apunta directamente contra los funcionarios del Gobierno nacional. Los representantes provinciales aseguraron que, a lo largo de las reuniones preliminares, no se logró plasmar ninguna alternativa viable por parte de los ministerios nacionales.
“No llevaron ni un borrador a los encuentros organizados por la Procuración. Hay una decisión política explícita de no pagar lo que legalmente corresponde a las cajas previsionales de las provincias”, señalaron voceros bonaerenses vinculados a la negociación.
Con las instancias de diálogo administrativo completamente agotadas y el reloj legal en cero, la definición de este multimillonario conflicto previsional quedará ahora en manos del máximo tribunal del país.
