La magistrada Laura Beatriz De Marinis consideró que la nueva normativa representa un retroceso en materia de derechos de niños y adolescentes. La decisión solo alcanza a este caso y no suspende la aplicación general de la ley.
La titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional la baja de la edad de punibilidad y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de participar en un intento de robo.
La causa comenzó tras un episodio registrado el 10 de septiembre, alrededor de las seis de la mañana. Según la investigación, un hombre de 47 años caminaba por la calle cuando cinco jóvenes intentaron asaltarlo. La víctima logró escapar y pidió ayuda a un policía que recorría la zona. Poco después, los sospechosos quedaron demorados.
La Fiscalía calificó inicialmente el caso como tentativa de robo simple. Sin embargo, la defensa del adolescente cuestionó el artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil, que permite iniciar procesos penales contra chicos menores de 16 años.
Al analizar el planteo, la jueza sostuvo que reducir la edad de punibilidad vulnera principios constitucionales y tratados internacionales de protección de la infancia. También recordó que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a la Argentina mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años.
De Marinis evaluó además las características del episodio: no se concretó el robo y la víctima no sufrió lesiones. Para la magistrada, aplicar una respuesta penal resultaba desproporcionado frente a una tentativa que describió como precaria y sin consecuencias físicas.
Un informe socioambiental incorporado al expediente detalló que el adolescente vive en un contexto de fuerte vulnerabilidad junto a su madre, quien padece epilepsia, y un hermano de 19 años. También abandonó la escuela después de una mudanza, aunque manifestó su intención de retomar los estudios y comenzar a practicar boxeo.
En lugar de continuar con el proceso penal, la jueza ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad para desarrollar un plan de acompañamiento familiar, facilitar su regreso a la escuela y garantizarle acceso a actividades recreativas.
La resolución se aplica únicamente a este expediente y no deja sin efecto la nueva ley. Desde la Justicia porteña anticiparon que el fallo podría quedar revocado por la Cámara.
La decisión generó fuertes críticas políticas. Jorge Macri anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada, mientras que Patricia Bullrich cuestionó el criterio utilizado en la sentencia.
