El mes de marzo comenzó con la aprobación de dos iniciativas ligadas a la violencia de género que habían sido postergadas durante un tiempo y que trae un envión positivo para avanzar en consensos políticos y abordar lo que falta por recorrer. Una de ellas fue la adhesión a la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en materia de género para funcionarios de los tres poderes del Estado y la otra la reglamentación de la Ley que permite a las trabajadoras de la Cámara de Diputados tomar licencia por 20 días en caso de Violencia intrafamiliar -aunque resta extenderlo a todas las trabajadoras del Estado- desde ATE lo entendieron como “un avance”.
En ese contexto y en el marco del “mes de la mujer”, el legislador provincial Rodolfo Manino Iriart volvió a insistir con la necesidad de avanzar en el debate y sanción de proyectos de ley que presentó para hacer frente a la problemática de género. Entre sus iniciativas se destacan la idea de crear un “registro de violentos” y reformar la legislación vigente para sancionar a los que violan las órdenes de restricción de acercamiento -un punto sobresaliente para el Movimiento de Mujeres ya que es ascendente la cifra de mujeres que resultan asesinadas luego de una restricción incumplida-.
El diputado sciolista sostuvo que “No se puede seguir esperando. Les pido por favor a diputados y senadores que escuchen el clamor popular”‘ y agregó “Lo hablamos permanentemente con integrantes de la Multesectorial de la Mujer, con jueces y fiscales, también lo charlábamos en la marcha el Día de la Mujer, es prioritario llevar adelante políticas públicas integrales en esta temática”.
LOS PROYECTOS
Recordemos que el diputado Iriart presentó un proyecto para crear un “Registro Provincial de Infractores de las Leyes de Protección contra la Violencia Familiar y de Género” que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
La iniciativa para crear el registro ya está en la Legislatura. Iriart explicó que el proyecto insta al Poder Ejecutivo a llevar “un registro unificado de casos atendidos por los organismos competentes, elaborando anualmente un informe estadístico de acceso públicoque permita conocer las características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, tipos de violencia, medidas adoptadas y sus resultados para el diseño de políticas públicas, investigación, formulación de proyectos y producción de informes”.
El legislador afirmó que se “considerará ‘infractor’ a toda persona que fuera condenada en proceso judicial llevado adelante por infringir la normativa de protección contra la Violencia Familiar y de Género”. Además, el proyecto prevé conformar una base de datos unificada que contenga la información que reciba de todas aquellas dependencias públicas en las cuales tramiten o hayan tramitado causas por violencia familiar y de género.
Por otro lado, con el fin de mejorar la efectividad de la Ley provincial 12.569, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica, Iriart ha propuesto hace ya tiempo introducir dos modificaciones. La primera de ellas hace referencia al artículo 3 de la ley, para ampliar el espectro de denunciantes (facultando a cualquier persona que tome conocimiento del hecho de violencia), incorporar el impedimento para levantar los cargos por parte de la víctima e incorporar la obligatoriedad de elevar la denuncia a la autoridad judicial correspondiente dentro de las 24 horas por parte de quienes se desempeñen laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud en el ámbito privado o público. Asimismo, la modificación propuesta resalta la posibilidad de que los profesionales incumplan el secreto profesional en el caso de que pudieran evitar un suceso trágico o violento.
Se establece la necesidad de incorporar una sanción frente al incumplimiento de una orden judicial por parte del victimario.
Un aspecto saliente es que mediante el proyecto de ley, Iriart destaca que “ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas en esta ley (respecto de la restricción de acercamiento a la víctima), como así también las medidas judiciales dictadas en el ejercicio de las facultades ordenadas en ella, se pondrá en conocimiento del Juzgado o Tribunal, quienes podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurar su acatamiento, como así también evaluar la conveniencia de modificarlas, ampliarlas o dictar otras medidas al efecto”.
“Sin perjuicio de ello, el Juzgado, Tribunal o la autoridad que constate la desobediencia a la orden judicial dictada, deberá dar inmediata comunicación al Fiscal de turno y competencia, y por cualquier medio fehaciente, a los efectos de que se tomen las medidas que correspondan”, agrega Iriart.
