La Oficina del Presidente informó este martes el envío al Congreso de un proyecto de ley de reforma electoral que propone, entre otros puntos, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de la ficha limpia y cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

Según el comunicado oficial, la iniciativa tiene como objetivo “corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”. En ese marco, se plantea la eliminación definitiva de las PASO, a las que se calificó como “un experimento fallido” que en 2023 implicó un costo de $45.000 millones sin resolver internas relevantes.

El proyecto también propone elevar los requisitos de afiliación para la creación de partidos y los pisos de votos para mantener la personería jurídica. Además, incorpora la afiliación digital como mecanismo para modernizar los trámites y eliminar barreras burocráticas. En paralelo, se impulsa la eliminación del régimen de espacios cedidos en medios de comunicación para propaganda electoral gratuita.
En materia de financiamiento, el Gobierno sostiene que la reforma apunta a transparentar los recursos utilizados en campañas. “Hoy se calcula que solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado; el otro 90% es ‘plata negra’ que muchas veces viene de actividades ilícitas”, señala el documento. La propuesta incluye permitir aportes privados de manera regulada y la opción de que los partidos renuncien al financiamiento estatal.

Otro de los ejes centrales es la incorporación de la ficha limpia, que impediría que personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse a elecciones o ejercer cargos públicos. “No es una idea radical: es la decencia mínima que se le pide a una democracia”, se afirma en el texto.

Finalmente, el comunicado sostiene que el sistema electoral actual “es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política”, y plantea que la reforma busca devolver “el poder a los argentinos” y reorientar la política “al servicio de la gente”.

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