El diputado nacional, Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) presentó junto al diputado Alejandro Cacace, un proyecto Frente a los crecientes conflictos interjurisdiccionales relacionados con las restricciones impuestas al tránsito de personas y bienes por el territorio nacional, que exhorta al Poder Ejecutivo nacional a que:
a) Emita las directivas y ejerza los actos necesarios a fin de garantizar que los gobiernos de provincia ajusten su actividad en orden a asegurar el respeto de los derechos establecidos por la Constitución y las leyes nacionales acerca del tránsito de personas y bienes, sin otras restricciones que las establecidas por el Estado Federal.
b) En caso de que esa actividad resulte estéril y no logre los resultados esperados:
b.1) Promueva las acciones judiciales pertinentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de asegurar la vigencia de los derechos constitucionales y de los Protocolos para el tránsito seguro interjurisdiccional, con el principal objetivo de garantizar la paz social, haciendo cesar toda medida inconstitucional tendiente a paralizar la circulación de personas o bienes afectando las garantías y principios emergentes de los artículos 9 a 12, artículo 14, artículo 31, artículo 75 inciso 13 y artículo 128 de nuestra Ley Fundamental.
b.2) Requiera las medidas cautelares conducentes al cumplimiento de esa finalidad.
Ya pasaron más de seis meses del dictado del DNU N° 297/20 y de la Decisión Administrativa Nº 429 que declararon “esenciales” a determinadas actividades y servicios impostergables, y que establecieron que las personas afectadas a esas tareas se encuentran exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” así como de la prohibición de circular.
A pesar de que lo relativo al ingreso y egreso en las provincias de todo lo vinculado a estas actividades esenciales ya ha sido resuelto por la autoridad de aplicación nacional a través de la aprobación de los Protocolos para el tránsito seguro interjurisdiccional, resulta evidente que el mandato federal no está siendo respetado en muchos casos, generando situaciones que ponen en riesgo la paz social.
Por eso, requerimos que el Ejecutivo Nacional reaccione con firmeza frente a la vulneración de sus atribuciones por parte de algunos estados provinciales y corrija las medidas inconstitucionales que han paralizado o directamente bloqueado el desenvolvimiento de actividades “esenciales” y que cercenan antijurídicamente el movimiento de personas, llegando incluso a afectar los derechos personalísimos resultantes de las relaciones familiares (conocido como “derecho al último adiós”).
Medidas como las adoptadas por la provincia de San Luis violan los fundamentos del federalismo respecto del transporte interjurisdiccional al haber restringido -desconociendo el marco definido por la normativa nacional- la circulación de personas por su territorio (art. 14 CN) así como paralizado el transporte de carga con destino al normal abastecimiento de insumos (arts. 9 a 11 CN), entre otras actividades esenciales.
Es fundamental en el federalismo argentino la libre circulación de personas y bienes, sin otras condiciones que las que establezca el Estado Nacional, así como la prohibición de establecer aduanas interiores.
Acompañan con su firma:
CACACE, Alejandro; ARCE, Mario Horacio; ASCARATE, Lidia Inés; AYALA, Aida Beatriz Máxima; CANO, José Manuel; CANTARD, Albor Ángel; CARRIZO, Ana Carla; CARRIZO, María Soledad; CIPOLINI, Gerardo; DEL CERRO, Gonzalo; FERNÁNDEZ, Carlos Alberto; GARCÍA, Ximena; LENA, Gabriela Mabel; MARTIN, Juan; MARTÍNEZ, Dolores; MESTRE, Diego Matías; MENNA, Gustavo; NAJUL, Claudia; NEGRI, Mario Raúl; QUETGLAS, Favio José; REGIDOR BELLEDONE, Estela Mercedes; REYES, Roxana Nahir; RIZZOTTI, Jorge; ROMERO, Víctor Hugo; SALVADOR, Sebastián Nicolás; SUAREZ LASTRA, Facundo; ZAMARBIDE, Federico Raúl.
