La Subsecretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Interior, avanzó con el proceso de reestructuración edilicia y de personal en los históricos complejos de turismo social de Chapadmalal (provincia de Buenos Aires) y Embalse (provincia de Córdoba). A través de una serie de resoluciones ministeriales, las autoridades nacionales formalizaron el pase a disponibilidad de 77 trabajadores de planta permanente vinculados a ambas unidades turísticas.
La medida se fundamenta en un plan de racionalización y en la declaración de “supletoriedad” de los servicios brindados por estos emblemáticos hoteles de veraneo estatal, que el Poder Ejecutivo nacional busca privatizar o concesionar al sector privado.
Detalles del pase a disponibilidad
La decisión afecta de manera directa a trabajadores con estabilidad laboral de planta permanente dentro del convenio estatal. De acuerdo con la normativa que regula la administración pública, la situación de “disponibilidad” implica lo siguiente:
- Plazos: Los agentes afectados permanecerán en esta condición por un período de 12 meses.
- Asignaciones: Durante este año de transición, los empleados continuarán percibiendo sus haberes salariales básicos.
- Destino laboral: Durante este lapso, el Estado tiene la facultad de reubicar a estos trabajadores en otras dependencias del sector público nacional donde se registren vacantes o necesidad de personal.
- Desvinculación definitiva: Cumplido el plazo de un año, aquellos empleados que no hayan sido relocalizados en una nueva área estatal quedarán automáticamente desvinculados de la administración pública nacional.
El trasfondo del conflicto y el futuro de los complejos
El pase a disponibilidad del personal se produce tras varios meses de incertidumbre en las localidades de Chapadmalal y Embalse. A comienzos de año, las actividades de turismo social fueron suspendidas temporalmente, lo que motivó alertas por parte de las comunidades locales debido al fuerte impacto económico que genera el funcionamiento de los hoteles en sus respectivas regiones.
La estrategia oficial del Gobierno Nacional apunta a convocar a licitaciones públicas para que empresas privadas asuman la explotación, administración y mantenimiento de las unidades turísticas, dejando el Estado de financiar de forma directa el turismo social bajo la estructura que funcionó de manera histórica.
