El destino de Punta Mogotes, uno de los complejos balnearios más emblemáticos de la Costa Atlántica, se convirtió en el epicentro de un fuerte debate político, jurídico y económico. Tras décadas de administración compartida, los anuncios del gobierno provincial y el rechazo del municipio de General Pueyrredon abrieron un escenario complejo que reconfigurará el turismo marplatense.

Para entender por qué Punta Mogotes no pertenecía plenamente a Mar del Plata, hay que remontarse a la última dictadura militar. En 1979 se creó Proyectos Urbanísticos Mar del Plata Sociedad del Estado (luego reconvertido en la Administración Punta Mogotes), un ente interjurisdiccional integrado en un 70% por la provincia de Buenos Aires y un 30% por el municipio. El objetivo original fue financiar la construcción de las estructuras edilicias del complejo mediante un crédito que asumió la provincia.

Durante más de 40 años, la provincia retuvo la porción mayoritaria de las decisiones y de los ingresos por las concesiones balnearias. La municipalización de la zona —es decir, que pase a control exclusivo de la ciudad— ha sido un reclamo transversal de la política marplatense que, hasta ahora, nunca se había podido materializar. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, formalizó una “decisión política” del gobernador Axel Kicillof para iniciar el traspaso definitivo de Punta Mogotes a la órbita municipal. Sin embargo, la letra chica del plan provincial encendió las alarmas en el palacio comunal.

El esquema propuesto por La Plata está supeditado a un proceso que se divide en cuatro etapas:

  1. Prórroga de contratos: Extender las concesiones vigentes actuales (cuyo vencimiento original opera entre junio y septiembre de 2026) para garantizar la operatividad de los balnearios y preservar las fuentes de trabajo durante la transición.
  2. Nueva Licitación Pública: La Provincia, bajo un “concurso de ideas” realizado junto al Colegio de Arquitectos, llamará a una nueva licitación para reconvertir el complejo y volverlo un espacio activo durante todo el año, recuperando el paisaje costero.
  3. Ejecución de Obras: Las empresas ganadoras deberán ejecutar inversiones y obras de modernización integral. Es un plan que, por la envergadura del proyecto, demandará varios años.
  4. Transferencia Definitiva: Recién cuando las obras estén terminadas y consolidadas, la Municipalidad de General Pueyrredon recibirá la titularidad y administración del predio.

“El complejo se va a transferir, pero queremos que el municipio reciba un espacio renovado, con inversiones ya ejecutadas y bajo condiciones que potencien el desarrollo turístico”, señalaron desde la gobernación.


La postura del Municipio: “Devuélvanlo de inmediato y sin vueltas”

La reacción del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, no se hizo esperar. El Ejecutivo local rechazó de plano la hoja de ruta de la Provincia, exigiendo que el traspaso sea inmediato y sin los condicionamientos de una licitación previa diseñada en La Plata.

La postura municipal sostiene que si la Provincia reconoce que el complejo debe ser de los marplatenses, la transferencia de la tierra debe ser automática. El temor del gobierno local radica en que el esquema provincial dejaría “atado” al municipio a contratos de concesión a largo plazo (que podrían durar décadas) diseñados por la administración bonaerense antes de la entrega formal. De hecho, el municipio decidió ampliar su demanda judicial y solicitó formalmente a la Justicia que frene el proceso licitatorio impulsado por la Provincia. Como reflejo de esta tensión, el Ejecutivo marplatense optó por no asistir a las primeras mesas técnicas de transición convocadas en la ciudad de La Plata.

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