En la antesala a la conmemoración por el Día de la Mujer, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó y giró al Senado la adhesión a la Ley Micaela, que entre otras cosas, obliga a los funcionarios de los tres poderes del Estado a capacitarse en materia de género y violencia contra las mujeres.
PUNTOS CLAVES DE LA LEY
Formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.
La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.
El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres, que dirige Fabiana Túñez, y el Ministerio de Modernización.
Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
