Tras una primera instancia de monitoreo y evaluación de las variables económicas, la gestión de Axel Kicillof volvió a llamar a la mesa de negociaciones a los principales sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública y de la educación.
Por un lado, el Ejecutivo provincial recibirá a los gremios de la Ley 10.430 —con el protagonismo de ATE y UPCN—, mientras que, de forma paralela, hará lo propio con los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). El objetivo central de ambos sectores es lograr una recomposición salarial que no quede rezagada frente al avance de los precios.
Desde el gobierno bonaerense anticipan un panorama complejo para la negociación. Las autoridades recordaron que las arcas provinciales sufrieron un impacto severo debido a las políticas nacionales, calculando una pérdida de recursos que asciende a los 24,6 billones de pesos como consecuencia de los recortes de transferencias aplicados por la Casa Rosada. Ante este complejo escenario fiscal, estiman que las tratativas para definir la nueva pauta salarial podrían prolongarse durante varias semanas.
