Desde el organismo cuestionaron las críticas a la norma relacionadas a la coyuntura mediática por el caso de Chano Carpentier, e hicieron un llamado a seguir profundizándola.
La Defensoría del Pueblo bonaerense respaldó la Ley de Salud Mental luego de las críticas hacia ella por el caso de Chano Carpentier, al entender que se trata de una norma de avanzada que exige ser profundizada en todo momento.
Desde el organismo que conduce Guido Lorenzino manifestaron que es importante entender que la coyuntura mediática no debe generar la idea de que la ley es mala, ya que se trata de una norma de avanzada que hay que profundizar, y que en los últimos años dio muestra de avances muy claros y concretos.
Como Defensor del Pueblo, Lorenzino también está a cargo del Órgano de Revisión Local de Salud Mental (ORL), un espacio que se creó cuando la Provincia se adhirió a la norma nacional con el objetivo de controlarla y garantizar su cumplimiento.
La mirada de la Defensoría está relacionada con la necesidad de seguir trabajando día a día para fortalecer la ley, sin caer en la tentación de hacer análisis simplistas de casos puntuales, que son todos complejos y requieren de una mirada profunda para abordarlos.
La postura del ORL en este caso
El Órgano manifestó que la exposición del caso de Chano, debido a su popularidad, conduce a que la difusión implique muchas veces aproximaciones erróneas, prejuiciosas y tergiversadas respecto de las personas con padecimientos mentales, y exige dar información veraz, evitando la construcción y reforzamiento de estereotipos estigmatizantes y discriminatorios.
Para el ORL, la proliferación de “diagnósticos” que se convierten en etiquetas provocan confusión en la sociedad y alimentan los estigmas que pesan sobre las personas con padecimiento, y que tanto peso tienen a la hora de los tratamientos.
A su vez, remarcó la necesidad de poner el acento en que las personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos no son peligrosas, sino que pueden, eventualmente, presentar riesgo para sí o para terceros. En todos los casos se trata de cuestiones de salud y es desde esa perspectiva que debe abordarse cada situación. Los discursos que sugieren que las personas con padecimiento mental representan un peligro social son discriminatorios y estigmatizantes.
El ORL entiende que estos prejuicios estigmatizantes sobre las personas con padecimiento mental que todavía existen en nuestra sociedad, y que estos discursos refuerzan, van en contra de una salud mental comunitaria, respetuosa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas con padecimiento mental.
En esa línea, considera que se debe combatir los discursos que intentan igualar el consumo de estupefacientes con el delito, ya que construyen conceptos erróneos sobre las personas con consumo problemático y sobre el abordaje que requieren. Esta idea se sostiene al entender que las personas con consumos problemáticos son consideradas igualmente usuarias de servicios de salud mental, y que este consumo no invalida su padecimiento y la necesidad de asistencia que revisten, ni tampoco les otorga la categoría de peligrosidad.
En cuanto a las internaciones involuntarias, el ORL aclaró que la Ley de Salud Mental no las prohíbe las internaciones involuntarias, sino que lo que establece es un límite al uso arbitrario de este recurso terapéutico y las promueve cuando no exista una alternativa más eficaz para el abordaje del usuario en la comunidad. La ley comprende que las internaciones involuntarias deben cumplir con el criterio de revestir riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros, y establece que la misma no puede prolongarse más allá de la estabilización del cuadro de base y la revinculación de la persona con la comunidad.
Por último, en cuanto al rol de las fuerzas de seguridad en la asistencia de estos casos, el ORL entiende que debe ser de cuidado hacia la persona en crisis. Por lo tanto, considera que el uso de un arma, del tipo que sea, no puede ser la respuesta para una persona que se encuentra en un estado de profundo padecimiento.
