Previo a la movilización de esta tarde al Congreso, la defensora del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires convocó a denunciar la situación.
Por Radio Provincia, habló sobre las prácticas abusivas que realizan bancos y plataformas digitales en los intentos de cobrar los préstamos que ofrecieron a personas que no pueden saldar sus deudas. Fue previo a la movilización que se realizará esta tarde al Congreso. Muiños explicó que las entidades llevan adelante una práctica “deshonesta y abusiva, que se da desde hace muchos años, pero en este contexto se agrava por la situación económica de las familias que buscan cubrir lo mínimo para subsistir”.
En ese marco, informó que “legalmente no pueden llamar y realizar este tipo de hostigamiento”, al tiempo que evidenció que “hay un montón de jurisprudencia y penas administrativas” que lo demuestran, en un momento donde las “entidades crediticias han liberado la capacidad de prestar dinero sin resguardo y la gente no puede hacer frente a 300% de interés para devolver un crédito que ha sacado para pagar comida en un supermercado”.
La funcionaria porteña remarcó que se detectaron “300 denuncias por este comportamiento de abuso, en el que llaman a listas de contactos que obtienen a través de redes sociales” o, como en el caso de Mercado Pago, de la lista telefónica del celular de la persona endeudada, ya que se trata de un requisito que está incluido “en la famosa letra chica del contrato que, ante la desesperación, la gente no lee”.
Muiños reveló que en la Defensoría de la Ciudad, “en el ranking de bancos y entidades más mencionadas en las 300 denuncias de este año, están el Galicia, Ciudad, BBVA, Cencosud y Santander, quienes a veces derivan el reclamo a una agencia de cobranzas y ellas hacen estas prácticas intimidatorias”.
A su vez, sostuvo que “estamos trabajando en un proyecto para mejorar la ley que ya existe en la Ciudad, para vincular los bancos con las empresas de cobranzas que hacen estas maniobras abusivas”, debido a que “al momento de contratarlas son plenamente conscientes de que las agencias hacen estas prácticas”.
Por último, sostuvo que las personas afectadas “tienen que denunciar la situación por la vía administrativa a la Defensoría del Consumidor o patrocinarse con un abogado porque tienen derecho a un trato digno y no puede ser hostigada y avergonzada”.
