La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires le pidió a la empresa Movistar que garantice la prestación de los servicios de telefonía e internet para usuarios del oeste de Tolosa, en La Plata, luego de que la compañía anunciara que se retiraba de la zona, dejando a cientos de familias sin esos servicios.

A través de una recomendación, el organismo a cargo de Guido Lorenzino solicitó a la empresa que continúe brindando el servicio en los términos y condiciones en que fue contratado.

A su vez, exhortó a Movistar a que, en el caso de encontrar dificultades técnicas para el cumplimiento del servicio, garantice la conectividad a través de dispositivos alternativos, respetando la velocidad, condiciones y prestaciones similares a las contratadas.

“En un contexto como el que estamos viviendo, es esencial que la gente pueda acceder a internet desde su casa. Es un derecho y es responsabilidad de la empresa no abandonar a sus usuarios y usuarias”, explicó Lorenzino.

La resolución se hizo a partir de numerosos reclamos que llegaron a la Defensoría por parte de vecinos afectados por la falta de servicio, quienes llevan meses padeciendo esta situación.

“Nos cansamos de llamar a Movistar, y siempre nos contestan que como se roban los cables, son problemas ajenos a ellos, después que en unos días iba a estar solucionado, y al final directamente que contratemos a otra empresa”, explicaron los vecinos.

Entre los inconvenientes que cuentan, uno de los que más los perjudica es la imposibilidad de los estudiantes en edad escolar para acceder a las clases por plataformas digitales. “Los chicos no pueden estar sin internet en este momento”, aclararon.

En agosto del año pasado, el gobierno nacional declaró que internet, junto a la telefonía y TV por cable, son servicios públicos esenciales mediante el Decreto 690/2020. La norma establece, entre otras cosas, que “el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión”.

En función de esto, el organismo provincial puso en conocimiento de la situación al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que intervengan en el tema y tomen las determinaciones que correspondan.

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