El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) solicitó a las autoridades provinciales y nacionales que informen sobre las medidas adoptadas para prevenir el contagio de coronavirus en instituciones donde se encuentren personas privadas de su libertad, es decir unidades penitenciarias, comisarías, centros cerrados de jóvenes, centros de salud mental, geriátricos, hogares de niños, entre otros.

El contexto de vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad muchas veces se ve agravado, especialmente en centros penitenciarios, debido al hacinamiento, a las deplorables condiciones de detención y a la falta de atención sanitaria de muchos establecimientos del país, como señaló el CNPT en diversos informes.

Esta situación torna aún más imperioso el estricto cumplimiento por parte del Estado de su obligación de garante frente al brote de COVID-19. Así, las autoridades tanto federales como locales deben tomar las medidas necesarias para resguardar y prevenir violaciones a la integridad personal de este grupo de personas.

En este sentido, el CNPT recomienda a los magistrados y magistradas resolver con la mayor celeridad posible las solicitudes de arresto domiciliario para la población de riesgo, es decir, mujeres embarazadas, madres con niños menores a 5 años, personas mayores a 65 años,  personas con afecciones pulmonares y/u otros que se encuentren en riesgo de morbilidad. Como así también, adoptar decisiones tendientes a evitar la continuidad de la detención de aquellas personas que pueden acceder a los beneficios previstos por la ley para la soltura anticipada.

Asimismo, este Comité efectuó un pedido de asistencia técnica y asesoramiento al Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidades a fin de que instruya sobre protocolos de actuación ante una pandemia de estas características y refiera sobre buenas prácticas aplicadas en otros países. (DIB) 

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